Ley Orgánica 4 2015, de protección de la seguridad ciudadana
Content
Cuando, por raz�n de su cargo, tengan conocimiento de hechos que perturben gravemente la seguridad ciudadana o de los que racionalmente pueda inferirse que pueden producir una perturbaci�n grave, estar�n obligados a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente. Se ocupa de la cooperación interadministrativa y del deber de colaboración de las autoridades, empleados públicos, cuerpos policiales, ciudadanos y empresas y personal de seguridad privada. En caso de reincidencia, la sanción podrá ser de dos años y un día hasta seis años por infracciones muy graves y hasta dos años por infracciones graves. Asimismo podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda. Una vez vencido el plazo de ingreso sin que se hubiese satisfecho la sanci�n, su exacci�n se llevar� a cabo por el procedimiento de apremio.
Los españoles se identificarán a través del Documento Nacional de Identidad, que tendrá valor por sí solo para acreditar la identidad y datos personales de su titular. Se concreta su contenido, obligaciones y derechos de su titular y las competencias que sobre dicho documento tendrán el Ministerio del Interior, ejercidas por la Dirección General de la Policía. Y se establece la obligación de los extranjeros que se encuentren en territorio español de conservar y portar consigo la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación regular en España. Además, se incorporan las posibilidades de identificación y de firma electrónica de dichos documentos y se mantiene la exigencia de exhibirlos a requerimiento de los agentes de la autoridad de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
Aviso DEPOL – Academia Oposición Policía Nacional
Igualmente se regulan las medidas que deber�n adoptar las autoridades para proteger la celebraci�n de reuniones y manifestaciones, as� como para restablecer la normalidad de su desarrollo en casos de alteraci�n de la seguridad ciudadana. Respecto de las sanciones, se reordenan las pecuniarias y se establecen tres tramos de igual extensión, que dan lugar a los grados mínimo, medio y máximo de las mismas, si bien no se eleva el importe de las que pueden imponerse por la comisión de infracciones muy graves, a pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero. Y con objeto de dar el tratamiento adecuado a las infracciones de los menores de dieciocho años en materia de consumo o tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas se prevé la suspensión de la sanción si aquéllos accedan a someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o a actividades reeducativas.
Se ha considerado oportuno sancionar comportamientos atentatorios a la libertad sexual de las personas, especialmente de los menores, o que perturban la convivencia ciudadana o el pac�fico disfrute de las v�as y espacios p�blicos, todos ellos bienes jur�dicos cuya protecci�n forma parte de los fines de esta Ley por su colindancia con la seguridad ciudadana. En caso de que los infractores abandonen el tratamiento o rehabilitación o las actividades reeducativas, se procederá a ejecutar la sanción económica. La autoridad competente para su adopción podrá acordar que sea objeto de conocimiento general cuando ello sea necesario para garantizar la seguridad ciudadana, con sujeción a lo dispuesto en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Cuando los instrumentos o efectos sean de lícito comercio y su valor no guarde relación con la naturaleza o gravedad de la infracción, el órgano competente para imponer la sanción que proceda podrá no acordar el comiso o acordarlo parcialmente.
Comentario a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana
Con anterioridad a la incoaci�n del procedimiento se podr�n realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que las justifiquen. A los efectos de esta Ley se considerar�n organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tr�nsito p�blico o manifestaciones las personas f�sicas o jur�dicas que hayan suscrito la preceptiva comunicaci�n. En las dependencias a que se hace referencia en el apartado 2 se llevar� un libro-registro en el que s�lo se practicar�n asientos relacionados con la seguridad ciudadana. Los titulares del pasaporte tienen la obligaci�n de exhibirlo y facilitarlo cuando fuesen requeridos para ello por la autoridad o sus agentes. Las concretas intervenciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana se realizar�n conforme a lo dispuesto en el cap�tulo III de esta Ley. Estos registros, de car�cter superficial, deber�n ocasionar el menor perjuicio a la dignidad de la persona, efectuarse por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se practique y, cuando lo exija el respeto a la intimidad, en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros.
- Otras infracciones tienen por objeto preservar el legítimo ejercicio de sus funciones por las autoridades y sus agentes, así como por los servicios de emergencia.
- Otras infracciones tienen por objeto preservar el leg�timo ejercicio de sus funciones por las autoridades y sus agentes, as� como por los servicios de emergencia.
- La autoridad competente para su adopción podrá acordar que sea objeto de conocimiento general cuando ello sea necesario para garantizar la seguridad ciudadana, con sujeción a lo dispuesto en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
Secci�n 3Procedimiento sancionador
Se recogen las actuaciones que pueden acordar las autoridades competentes para el mantenimiento y, en su caso, restablecimiento de la tranquilidad ciudadana en supuestos de inseguridad pública, regulando sus presupuestos, fines y requisitos. También se refiere a la adopción de medidas para mantener y restablecer la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones. Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptar�n las medidas necesarias para preservar la pac�fica celebraci�n de espect�culos p�blicos. La Ley, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, parte de un concepto material de seguridad ciudadana entendida como actividad dirigida a la protecci�n de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos, que engloba un conjunto plural y diversificado de actuaciones, distintas por su naturaleza y contenido, orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jur�dico as� definido.
Dichas medidas podrán adoptarse por los agentes de la autoridad si la urgencia de la situación lo hiciera imprescindible, incluso mediante órdenes verbales. También se recogen las infracciones previstas en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, relacionadas con el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, a las que se agregan otras dirigidas a favorecerlo. Se ha considerado oportuno sancionar comportamientos atentatorios a la libertad sexual de las personas, especialmente de los menores, o que perturban la convivencia ciudadana o el pacífico disfrute de las vías y espacios públicos, todos ellos bienes jurídicos cuya protección forma parte de los fines de esta Ley por su colindancia con la seguridad ciudadana. La tarjeta soporte del Documento Nacional de Identidad incorporar� las medidas de seguridad necesarias para la consecuci�n de condiciones de calidad e inalterabilidad y m�ximas garant�as para impedir su falsificaci�n. Tambi�n se recogen las infracciones previstas en la Ley Org�nica 1/1992, de 21 de febrero, relacionadas con el consumo de drogas t�xicas, estupefacientes o sustancias psicotr�picas, a las que se agregan otras dirigidas a favorecerlo.
En todo caso, estas medidas quedarán sin efecto si, transcurrido dicho plazo, no se incoa el procedimiento o el acuerdo de incoación no contiene un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. A tal fin, los ciudadanos tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Otras infracciones tienen por objeto preservar el legítimo ejercicio de sus funciones por las autoridades y sus agentes, así como por los servicios de emergencia. Dichas medidas podr�n adoptarse por los agentes de la autoridad si la urgencia de la situaci�n lo hiciera imprescindible, incluso mediante �rdenes verbales.
En el ámbito del régimen sancionador, se atribuye la responsabilidad por las infracciones cometidas al autor del hecho en que consista dicha infracción, eximiéndose de dicha responsabilidad a los menores de catorce años. Se indican los órganos a los que se atribuye la competencia sancionadora, se clasifican las infracciones en muy graves, graves y leves y se señalan las sanciones correspondientes a cada una de ellas, incluyendo los criterios de su graduación y la división de las pecuniarias en tres tramos que dan lugar a los grados mínimo, medio y máximo de las mismas. Se prevé exigir al infractor, en su caso, la reposición de los bienes dañados a su situación originaria o, cuando ello no fuera posible, la indemnización por los daños y perjuicios causados. Y en las infracciones de los menores de dieciocho años retribuciones policia nacional en materia de consumo o tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas podrá suspenderse la sanción si aquéllos accedan a someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o a actividades reeducativas.
Dentro de este conjunto de actuaciones se sit�an las espec�ficas de las organizaciones instrumentales destinadas a este fin, en especial, las que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que el art�culo 104 de la Constituci�n encomienda proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas necesarias para preservar la pacífica celebración de espectáculos públicos. La Ley, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, parte de un concepto material de seguridad ciudadana entendida como actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos, que engloba un conjunto plural y diversificado de actuaciones, distintas por su naturaleza y contenido, orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jurídico así definido. Dentro de este conjunto de actuaciones se sitúan las específicas de las organizaciones instrumentales destinadas a este fin, en especial, las que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que el artículo 104 de la Constitución encomienda proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. En todo caso, estas medidas quedar�n sin efecto si, transcurrido dicho plazo, no se incoa el procedimiento o el acuerdo de incoaci�n no contiene un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
La tarjeta soporte del Documento Nacional de Identidad incorporará las medidas de seguridad necesarias para la consecución de condiciones de calidad e inalterabilidad y máximas garantías para impedir su falsificación. Es responsabilidad de las autoridades, la sociedad civil y los ciudadanos en general trabajar de manera conjunta para promover un entorno seguro y pacífico en el que todos puedan desarrollarse plenamente. Se trata de un tema de interés común en la sociedad moderna, ya que la seguridad de los ciudadanos es fundamental para garantizar el desarrollo y la convivencia pacífica en cualquier comunidad. En caso de que los infractores abandonen el tratamiento o rehabilitaci�n o las actividades reeducativas, se proceder� a ejecutar la sanci�n econ�mica. La autoridad competente para su adopci�n podr� acordar que sea objeto de conocimiento general cuando ello sea necesario para garantizar la seguridad ciudadana, con sujeci�n a lo dispuesto en la legislaci�n en materia de protecci�n de datos de car�cter personal. Asimismo podr�n ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, d�ndoles el destino que legalmente proceda.